Primera propuesta para el próximo milenio, de Gustavo Bueno

La propuesta es de 1995, es decir no es una improvisación de  antesdeayer al amparo de la actual coyuntura de crisis económica. Es algo que Bueno viene defendiendo desde hace mucho tiempo y que alienta siempre de fondo en cualquier análisis que se le pida sobre la situación española. Lo trascribo aquí a ver si algunos que juzgan a los demás tan a la ligera, y además no sólo sin saber de qué se está hablando sino también orgullosos de su ignorancia (supongo que pensando aquello de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, aunque sea al precio de hacer el ridículo) se dan por aludidos y se molestan en elevar la fundamentación de sus opiniones despreciativas por lo menos al nivel de la contundencia y la agresividad con que las expresan. O si no les da la gana  hacer ese esfuerzo -leer cansa y además la filosofía es muy aburrida para aquellos a quienes no les gusta-, al menos que se esmeren en plantear sus opiniones en un tono más acorde al de sus conocimientos del asunto, es decir,  con la mayor de las modestias.

Primera propuesta: Reorganización del «Estado de las autonomías» mediante una reforma de la Constitución del 78 que esté orientada a subrayar la unidad cultural y lingüística de España en el contexto de la Unión Europea, y que esté dispuesta incluso a permitir la segregación, por «autodeterminación de independencia», de autonomías que no quieran aceptar su integración plena en la unidad española (sin perjuicio de que puedan aceptar compromisos tales como el del «Estado libre asociado»)

Mi primera propuesta se apoya en dos «predicciones» que, independientemente de la simpatía que nos produzcan, se suponen afectadas de una gran probabilidad: la predicción de que la Constitución española de 1978 seguirá de algún modo siendo un marco político sin alternativas en el comienzo del próximo Milenio y la predicción de que la Unión Europea ampliada se consolidará también como «biocenosis» (más que como unión política en el sentido estricto), principalmente en función de la presión de las otras unidades políticas de escala continental que la circundan (tales como China, India, Islam). 

Entre los fundamentos para asentar la alta probabilidad de estas predicciones hay que contar con la probabilidad del juicio favorable de los ciudadanos que consideren, como objetivos de su prudencia política (por tanto, no en términos absolutos, cuando alternativos) la conservación tanto de la Constitución española como de las relaciones de España con la «biocenosis» europea.

Supuesta la alta probabilidad de estas dos predicciones habrá que contemplar como inminente la coordinación (colindante muchas veces con la subordinación) progresiva de las decisiones económico políticas y militares de rango estatal a las decisiones de la Unión. Esto significa que la «deriva» del actual «Estado de las autonomías» hacia un Estado federal (incluso hacia una Federación de Estados Ibéricos), que algunos Partidos ya propugnan en sus programas electorales, es antes un proyecto voluntarista que una «tendencia natural». Multiplicar el número de Estados sobre el supuesto ficticio de que existen nacionalidades a escala regional --o naciones que buscan desde el fondo de su realidad prehistórica (celtas, vascos, iberos, arévacos, lusitanos) la forma del Estado, según en principio de Mancini-- nos parece una operación superflua y económicamente desastrosa en el contexto de la Unión Europea (sobre todo a escala de los Estados continentales que la circundan). Es en este contexto en el que habrá que redefinir el alcance de los Estados que componen la Unión. Y puesto que será difícil argumentar con motivos económicos, militares, &c. (reabsorbidos en la Unión, por no citar otras organizaciones, señaladamente la OTAN), podemos depurar las razones por las cuales tiene algún sentido, a escala milenaria, defender una configuración identificable con la unidad de España. Por ejemplo, y a nuestro entender, carecen hoy de fuerza las razones que se alegaban en los tiempos de la «autarquía» según las cuales la unidad de España derivaría de la necesidad que los castellanos, por ejemplo, tenían de los Altos Hornos de Vizcaya, de la industria textil de Cataluña o del carbón de Asturias. La depuración de razones nos lleva en cambio hacia la consideración de la estructura de España como una nación que se ha constituido históricamente en virtud de procesos, precisamente milenarios; procesos que son paralelos a los que dieron lugar a la formación de unidades políticas tales como Inglaterra y, a su modo, Portugal. Unidades políticas caracterizables por su condición de «naciones de naciones», es decir, como sociedades que (por vía colonialista o imperialista, esto es otra cuestión), de hecho, han resultado estar vinculadas por lazos no sólo pretéritos, sino presentes, que pasan necesariamente por la cristalización de una lengua común y de todo cuanto con ella se relaciona. Por otro lado, serán los vínculos con los pueblos no europeos aquellos que habrán de servir para «suavizar» el alcance de la inserción de España en la Unión Europea (al igual que le ocurre a Inglaterra o a Portugal). Son estos vínculos aquellos que, por decirlo así, «liberan» o mantienen libre a España (a Inglaterra o a Portugal) de una subordinación total (por no decir, de una capitulación) a la Unión Europea, de hecho, sobre todo, a Alemania o a Francia.

Desde esta perspectiva, los fundamentos por el «partido de España» tendrán que asentarse no ya tanto únicamente en la defensa de una integridad territorial, puesta en entredicho, sino principalmente en la defensa de su patrimonio histórico más específico, dotado de una entidad milenaria, como es el de la lengua española. De no tomar este partido, la única alternativa que se nos abre es el debilitamiento de nuestra actual plataforma nacional en el conjunto de la Unión, hasta un punto tal en el que la disgregación o balcanización de España en las llamadas «nacionalidades históricas» será un hecho inexorable correlativo con la colonización cultural o lingüística de España por las naciones europeas hegemónicas. Nuestra propuesta quiere subrayar la idea de que la unidad de España, como unidad histórica, sólo mantendrá su sentido en el próximo Milenio si se la considera no ya tanto como una unidad territorial o de mercado, o como una circunscripción administrativa orientada a mantener el orden público, o como una unidad de paisaje territorial, en todo caso artificial, sino como unidad de un territorio en el que viven los hombres que hablan en Europa el español. Es en función de esta característica como España podrá mantenerse en su condición de eslabón más importante en Europa con América. Pero este punto de vista requiere dar «la vuelta del revés» a la perspectiva de quienes piensan (y ya son muchos) «autonómicamente», en el sentido más radical: aquel según el cual, el español habría de quedar reducido a la condición de lengua de comunicación en «el Estado», casi como una «segunda lengua», una lengua auxiliar o lengua franca, útil para los actos públicos u oficiales, cada vez más contados, que como lengua propia y primera de las «nacionalidades» constitutivas del Estado español, pues como lengua primera habría que considerar a las lenguas vernáculas, ya sean reales, ya sean lenguas ficción asignadas a las comunidades autónomas. El modelo autonómico radical se apoya, por tanto, con criterios feudales, en las unidades territoriales. En Cataluña, por ejemplo, el señor Jordi Pujol exige que el catalán sea considerado como lengua obligatoria de su territorio; a partir de esa exigencia se desencadena la política de «impregnación» en el catalán de más de la mitad de quienes trabajan en ese territorio,  por el hecho de residir en Cataluña, y aun cuando su lengua sea el español el residente deberá hablar catalán.  

En conclusión, la consideración de la hipótesis de una segregación, respecto de España, de alguna de sus partes formales actuales, por ejemplo el País Vasco o Cataluña --aunque esta hipótesis no tenga probable aplicación en los primeros años del próximo Milenio--, no está tanto dirigida por nuestra parte a explorar o facilitar la puesta en práctica de sus contenidos, sino que está dirigida a su utilización como término apagógico de nuestro argumento: «si la segregación de un territorio histórico, por ejemplo, el País Vasco, implica hablar euskera e inglés, la no segregación sólo tendrá sentido en el caso de que en el País Vasco se pueda seguir hablando el español como primer idioma» (lo que no excluye el euskera como segundo idioma, desde una perspectiva estrictamente política).  

Desde este punto de vista pierde todo sentido cualquier justificación a toda costa de la vinculación política a España a las sedicentes «nacionalidades históricas» que esté basada en motivos históricos (que precisamente se ponen en tela de juicio por los independentistas) o en motivos económico políticos. Pierde todo sentido el defender a toda costa, alegando motivos económico territoriales o históricos, la vinculación a España de esas «naciones futuribles», llamadas hoy «autonomías históricas», si llegan a constituirse tal como están siendo proyectadas, precisamente como contrafiguras de España. Dicho de otro modo: no hay ninguna razón histórica o económica objetiva para pensar que merece la pena mantener la «unidad territorial o política» de un Estado convencional que contiene a un conjunto de «autonomías» que, sin embargo, se caracterizan, de modo creciente, precisamente por aborrecer la lengua española, hasta el punto de no utilizarla más que en situaciones de extrema necesidad. Si la inmensa mayoría de los individuos adscritos a tales nacionalidades quisieran (por hipótesis milenaria) autodeterminarse por independencia, lo mejor sería «dejarlos ir». Lo que carece de sentido es contribuir, en nombre de no se qué idea metafísica de España (heredada de épocas pretéritas) a alimentar regionalismos aislacionistas o separatistas. Para sugerir un modelo límite: ¿Qué podría interesar a España un País Vasco que, hacia el año 2200 hubiese conseguido que sus ciudadanos se expresasen en euskera como lengua nacional y en inglés o francés como lengua europea o internacional? ¿Por qué habríamos de mantener, en nombre de la «unidad territorial e histórica de España», la ficción de esa unidad? Este es un modelo límite, sin duda, que aunque se considera improbable, sirve, revertido, para demostrar que si el País Vasco, por ejemplo, sigue formando parte de España es porque en él ha de hablarse obligatoriamente, y como primera lengua (primera en sentido político, no biográfico) el español, invirtiendo la relación que hoy se ofrece como canónica. Es preciso tener en cuenta que, en general, si las regiones autonómicas de España han alcanzado un horizonte efectivamente planetario, «universal», ha sido precisamente a través de la historia común, de la historia de España; de suerte que puede decirse que la «identidad» de tales regiones no puede interpretarse en un sentido sustancialista (como una identidad propia de una totalidad cuasi megárica), sino que ha de interpretarse como la identidad que corresponde a lo que es parte de un todo orgánico: la identidad de Aragón, por ejemplo, es indisociable de su condición histórica de parte de una unidad envolvente, la unidad de la nación española cristalizada en el siglo XVI pero incubada en siglos anteriores (la identidad de un brazo, o aun de la cabeza de un organismo, es la identidad propia de una parte del todo: el brazo, incluso la cabeza, perderían su misma forma desgajados del cuerpo viviente del que son partes integrantes). Es muy frecuente que en la España de las autonomías, en el momento de exaltar el significado de una figura preclara, real o de ficción, se recurra a fórmulas como la siguiente: «Don Quijote es un manchego universal», o bien, en nuestro terreno, «Jovellanos, Feijoo o Clarín son asturianos universales». Sin duda, pero es preciso puntualizar que si alcanzaron esa universalidad literaria no fue, por así decirlo, directamente (como manchegos o como asturianos considerados en sí mismos), sino a través de España y, en los casos citados, a través precisamente del español (la universalidad que pueda haber alcanzado el habitante de una región española cualquiera tan sólo puede tener el alcance de una universalidad etnológica, similar a la universalidad que hoy tiene el disco botocudo).

El fundamento decisivo de nuestra primera propuesta es, por tanto, el reconocimiento de que la mera «unidad administrativa» de España, entendida precisamente como «Administración» de un territorio geográfico, carece de toda importancia político económica en el contexto internacional, en los años 2000, de la Unión Europea y de la política y de la economía mundial. Lo que sí tiene significado mundial es la unidad de España en todo cuanto esté implicado con la unidad de la lengua española. Desde este punto de vista, uno de los obstáculos ideológicos más fuertes para el reconocimiento de este principio que consideramos fundamental es la utilización de los conceptos políticos funcionales de «izquierda» y de «derecha» contraídos a determinados «valores» concretos y polarizados precisamente en torno a los parámetros nacionalistas. Va cristalizando la costumbre de considera como característica de nuestra «izquierda» política la defensa del federalismo nacionalista, y aun del nacionalismo, sobre todo si es extremo o abertzale: no ya los dirigentes de la coalición HB vasca, sino incluso muchos de los dirigentes del PNV --y otro tanto se diga del BNG gallego y de las formaciones nacionalistas catalanas--, se consideran «de izquierdas» por el hecho de oponerse a la «derecha españolista», interpretada como herencia del franquismo. Y lo más notable es que esta cristalización se mantiene en la opinión de quienes, sin embargo, clasifican a los partidos nacionalistas más representativos (PNV y CIU) como «partidos conservadores» (para no decir «de derechas»). En este sentido es urgente la tarea de disociar semejante identificación entre españolismo y derecha, establecida por mera operación de contrafigura de la identificación ideológica previa entre izquierda y nacionalismo. Lo característico de «la derecha» es la defensa precisamente de la unidad territorial («de los pueblos y tierras de España»); y, en efecto, cualquier concesión a la posibilidad de una segregación administrativa de territorios que no desearan hablar español (como la que se formula en esta primera propuesta) será considerada, por aquella derecha, como izquierdista.

Y supuesto que un referéndum de autodeterminación, celebrado allá por el año 2200 (cuando todos los habitantes del País Vasco se hubieran «impregnado» de eúskera), se inclinase por la independencia, tampoco habría por qué declarar enemigo al país independizado; por el contrario, habría múltiples fórmulas para alimentar relaciones sociales, tecnológicas, económicas o políticas, incluyendo las derivadas de una fórmula de «Estado libre asociado».
 

A contrario, en la medida en que los españoles consideremos al País Vasco, a Cataluña o a Galicia como «cosa nuestra», de la que no deseamos separarnos, la única política en perspectiva milenaria consistirá en fortificar por todos los medios el cultivo del español como lengua común y dejar reducidos los idiomas particulares, naturales o inventados, exclusivamente para el terreno familiar, o comercial interno. Pues lo que es significativo no es tanto que un catalán o un vasco hable catalán o vasco; lo que es significativo es que «aborrezca» hablar español como si no fuera suyo, como si fuera una lengua impuesta o postiza. Si esta actitud se generalizase (y no es necesario que ello ocurra) a todos los miembros de las respectivas autonomías, ¿qué podría importarle a España la secesión?

Esa es la propuesta de Bueno. ¿Qué tiene esto que ver con las posiciones de la derecha sociológica española? ¿Alguien ha oído alguna vez plantear en el seno del PP la necesidad de establecer unas condiciones de independencia, o más bien de permanencia, para aquellas comunidades que cuestionan la unidad de España? ¿Ha puesto en duda la derecha sociológica española ni una sola vez la conveniencia o no de la integración en el proyecto europeo? ¿Acaso el PP ha planteado nunca la defensa de la unidad nacional entendida como un mecanismo de protección frente a la rapiña, rapiña neoliberal, por cierto, de la Unión Europea? ¿Se les ha pasado alguna vez por la cabeza renunciar a la integración con Europa y apostar en cambio por una plataforma alternativa, como la que podría suponer una unión Hispanoamericana, o tal Iberoamericana? Que yo sepa, jamás. Y si eso es así, insisto ¿qué diablos  tiene que ver lo que propone Bueno con lo que defiende el PP? Y si se argumenta pobremente que análisis como el suyo - esa soberana estupidez, en palabras de quien lo desprecia tan alegremente- sólo se le escucha a representantes de la derecha, al menos habrá que tener la decencia de decir a quiénes y dónde. Y a ser posible compartirlo en el blog.

Por cierto podéis leer el resto de sus propuestas aquí.